UNA VOZ DE ALTURA

ALEJANDRO DÍAZ CAMACHO

  

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SE ACABÓ EL FUERO

En vísperas del primer debate presidencial, las cúpulas del poder reaccionaron quizá, para ganarse el aprecio y el interés electoral. Ciudadanos, organizaciones sociales, académicos y especialistas presionaron al sistema de partidos para retirar a todos los funcionarios públicos, la inmunidad -- conocida como fuero ­­ que en infinidad de casos fue y ha sido totalmente distorsionada por una clase política que utilizó tal protección como escudo y como manto de impunidad para cometer multiplicidad de delitos y eludir la cárcel y el juicio merecido.

Esos depredadores, olvidaron que el sentido original de tal protección buscaba garantizar que un gobernante autoritario no pudiera utilizar el poder para deshacerse de sus rivales políticos, e impedir que la libre expresión de los legisladores fuera coartada mediante la burda presentación de acusaciones de índole penal contra los adversarios del régimen. Académicos e integrantes de organizaciones civiles señalan que aunque la eliminación del fuero podría parecer una forma de combatir la impunidad que gozaron los servidores públicos durante muchos años, en realidad se trata de un acto irreflexivo y peligroso, que puede servir para que ciertos grupos políticos intimiden a sus rivales con cualquier pretexto, y cuyo propósito parece ser más bien electoral, ya veremos si tienen la razón.

La demanda ciudadana de acabar con ese privilegio, data de hace casi tres décadas, cuando se exigió iniciar un juicio político contra Carlos Salinas de Gortari, pero en el contexto actual, permitir que una mayoría legislativa pueda abrir las puertas de un proceso penal contra el Presidente de la República, puede servir para venganzas y desestabilización si el ocupante de esa silla de poder afecta intereses de otros poderes.

 

Se acabó el fuero, los diputados con su característica irresponsable (levantar el dedo) optaron por su eliminación aprovechando la mala imagen de la clase política. Las bancadas sin excepción, trasladaron la competencia electoral a la Cámara de Diputados y, asumieron con 370 votos, la paternidad de la enmienda. Ahora, a partir de que el Senado y los congresos de los estados que en conjunto conforman el Constituyente Permanente, validen la reforma, podrán ser sometidos a juicio político y proceso penal por cualquier delito que cometan durante su encargo y sin necesidad del desafuero: el Presidente de la República, gobernadores, senadores, diputados federales y locales, alcaldes, ministros de la Corte, magistrados y titulares de los órganos constitucionalmente autónomos, entre otros el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

Si bien se retira el fuero a legisladores, se mantiene la obligación de los presidentes de las dos cámaras del Congreso de velar por el respeto y la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, con objeto de mantener a salvo el derecho de diputados y senadores a no ser reconvenidos por sus comentarios. En la actual legislatura está pendiente el desafuero de los diputados priístas Tarek Abdalá, por presunto peculado de 2 mil 300 millones de pesos cuando fue tesorero de Javier Duarte; Alberto Silva Ramos, acusado de un desvío de mil 500 millones en el tiempo en que fue vocero de Duarte, y Bárbara Botello, por cargos de peculado por 87 millones. Se acabó el fuero pero en las calles se rumora que otras patrañas llegaran a su tiempo, mientras los corruptos seguirán libres ya que, la medida cosmética propuesta por los diputados fue sin considerar que; la justicia en México sin Poder Judicial Independiente, siempre será utilizada con criterios políticos para proteger a la persona y no para cuidar a la función pública.  

 

 Por ALEJANDRO DÍAZ CAMACHO

23 de ABRIL de 2018

 

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