En nuestro artículo anterior sobre el caso de las doscientas sesenta y un mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, aseguramos que nuestras investigaciones nos llevaron a concluir los siguiente: a) que se trató de un genocidio organizado internacionalmente; b) que el objetivo del mismo era el tráfico internacional de órganos humanos; y c) que los grandes culpables quedaron impunes.

Los esfuerzos de la red criminal estuvieron encaminados a detectar y satisfacer la demanda de órganos humanos, por parte de un mercado caracterizado por su alto poder económico. Además, esa misma red, seleccionó a las jóvenes víctimas que deberían ser asesinadas y mutiladas para proveer órganos vitales, dentro de un estrato bien definido de la población juarence, ello aseguraría mantener reclamos de bajo perfil social bajo control y, quizá lo más importante: la red del innoble comercio consiguió impunidad para hacer prosperar el negocio y mantenerlo operando durante años (recordemos que el genocidio se inició en 1993).

Durante el periodo mencionado las investigaciones que llevó cabo la autoridad formal del Estado de Chihuahua sospechosamente no lograron esclarecer el caso, a pesar de abundar los indicios y las pruebas suficientes como para haber hecho nacer una denuncia internacional  y una condena generalizada nacional del un gran crimen cometido contra el género femenino. Y, no nos hagamos los tontos o los ignorantes, conociendo las estructuras de poder político del Estado mexicano, eso no podría haber sucedido sin la aprobación del gobernador del Estado.

Esa veta de la investigación nos llevó a entrevistar a gente que conoce de cerca  Francisco Barrio Terrazas, y la experiencia no dejó de ser una sorpresa, ya que todas esas personas aseguran con firme contundencia que Barrio sería incapaz de participar en una red criminal como la que hemos descrito, debido los principios religiosos con los que comulga. Sin embargo, y a pesar de ello, la impunidad se brindó desde los altos niveles de la autoridad política, lo que nos llevó a hacernos la siguiente pregunta: ¿quién tiene autoridad suficiente para ordenarle a un gobernador echarle tierra encima, para encubrir un asunto tan delicado como el genocidio que nos ocupa? La respuesta, de tan simple, parece obvia, solo el presidente de la república o alguien muy cercano a él. Y en esos momentos (1993) el jefe del Poder Ejecutivo era Carlos Salinas de Gortari.

Como podemos observar Francisco Barrio no es el prototipo de la blanca paloma de la paz y, sin embargo, fue seleccionado por los “head hunteres” de Vicente Fox para hacerse cargo de la Secretaría de la Contraloría, lo que en palabras llanas significaría un especie de “Vigilante de la Ética de lo Servidores Públicos, lo cual hace aún más sospechoso todo el asunto. Y todavía no contento con ello y ante la presión social, e incluso reclamos internacionales de consideración Fox se ve obligado a actuar y, a regañadientes, atrae el caso para que sea la Procuraduría General de la República la que lleve  cabo las investigaciones posteriores, sabiendo, como ya lo sabe de sobra, que la PGR es un pozo sin fondo de corrupción e ineficiencia. ¿Acaso se trata de continuar brindando impunidad desde Los Pinos? ¿Por qué no se investigaron suficientemente las conexiones de la red internacional que cometió el genocidio dentro de los EE.UU.? ¿A quién está tratando de proteger Vicente Fox?

Sabemos que Barrio ya está siendo atacado desde dentro de la estructura de poder pero ¿acaso eso asegura que se hará justicia?

HOMEPAGE