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Las tareas de los políticos, en ejercicio de funciones públicas, sea en el orden federal, estatal o municipal, es el compromiso más elevado que pueden asumir. Dichas actividades se apoyan, para un buen desempeño, en valores de alta respetabilidad social. Éstos –los valores- son sustento social para aprobar o reprochar, en su práctica cotidiana, lo obtenido en urnas o en legación de actividades para diversas posiciones, por parte de algún funcionario electo o designado.

Por ello es tan delicado dejar de lado, que las obligaciones con los representados, simplemente con personas a las que corresponden los servicios que se nos encomiende otorgar –al interior del territorio nacional o en el extranjero- deben apuntalarse en el compromiso social.

Existe tal compromiso cuando es producto de una formación, profesional o práctica que aprovecha, con lucidez y grandeza de miras, todas las energías disponibles, las experiencias de integrantes antiguos del equipo y el consejo de la alta política, que proviene de los grupos mayores con quienes se actúa, fortalecidos en la ética y la equidad.

Solo puede ejercerse a cabalidad el compromiso de servicio a nuestros conciudadanos, sobre todo a los que las leyes no protegen –porque no tienen representatividad social para exigirlo- en la honestidad puesta en las acciones. Esta sustenta la solidaridad y equidad, entre miembros de los equipos de trabajo en que se actúe, para aprovechar su experiencia y capacidades, en actos hacia la sociedad recipiendaria.

La crisis de valores que vive la nación, se une a la económica y política que afectan, profundamente, la vida de la sociedad en su conjunto. El impacto en los equipos de trabajo gubernamental es aún más grave, porque suma y multiplica –en detrimento de los servicios- la falta de cohesión a su interior y la deshonestidad en la aplicación de las finanzas. Estas pueden ocurrir: por abulia de quien circunstancialmente comande al equipo; por su miedo a ser rebasado por otro que, por razones de su experiencia y entrega, sea reconocido en la porción de tarea que le corresponda; simplemente porque no esté formado, el que funge como jefe”, para comandar grupos de servicio social.

Solo con equipos, probados en la lucha cotidiana al servicio de pueblos y comunidades –en el extranjero o en el contexto nacional- podrá la nación realizar aprovechamiento óptimo de los escasos recursos que se asignan a cada actividad municipal, estatal o federal. Es urgente que ocurra, para que la sumatoria de esfuerzos, de varias de las instancias mencionadas, permita recuperar condiciones de vida, de la mayoría de la población. Así se evitará que el éxodo de mexicanos continúe, hacia el ejército de trabajadores del campo, de zonas fabriles y servicios, en ciudades de la Unión Estadounidense, generalmente con malos tratos.

A manera de ejemplo, podemos apuntar que las autoridades municipales deben asumir responsabilidades, en cuanto a la generación de proyectos y programas, que desemboquen en la reactivación productiva del campo o al interior de las PYMES, mediante apoyos financieros, negociados en la banca oficial y privada. Esto sería llevar la intervención del estado a niveles de productividad social.

El municipio es la instancia de gobierno mayormente vinculada con los pobladores. Está ávido de recursos, sea para cubrir las crecientes necesidades de sus avecindados, como de inversiones para diferentes situaciones de lo que le corresponde atender de infraestructura física, educativa, de salud u otros rubros del bienestar social.

Para ello requiere de impuestos, productos y otros aprovechamientos fiscales, que por ahora no existen, porque no los crea. Fungiendo como “facilitador” en la creación de empleos, construyendo condiciones adecuadas para que los empresarios realicen sus actividades, las autoridades municipales estarán cooperando a recuperar los niveles del empleo local, forjando una plantilla creciente de contribuyentes.

Para que ello pueda ocurrir, urge desenmarañar trámites, cuya burocracia vigente, limita el nacimiento y desarrollo de empresas. Esas acciones y lo engorroso del cumplimiento fiscal federal, lleva en muchas ocasiones, al cierre de actividades, al poco tiempo de su iniciación. Un cambio positivo a favor del fortalecimiento de la actividad productiva y de servicios, a nivel municipal, llevará a la sociedad, paulatina pero firmemente, a superar muchos rasgos de la inseguridad, resultado –entre otros- del desempleo en gran escala.

Con los recursos obtenidos, las autoridades municipales podrían financiar –utilizando los múltiples mecanismos conocidos para conseguir otras porciones del gasto requerido- proyectos viales y de infraestructura urbana o rural. Esa metamorfosis del rostro urbano o rural, ofrece beneficios comprobables a la población, aportando plusvalías crecientes, con el atractivo que representa, para todo tipo de inversionistas, un municipio moderno, en espiral ascendente.

Se potencia tal situación, si la legalidad y transparencia son divisa de acción, de los equipos que tienen la obligación de servir a la comunidad y no servirse de ella. Una buena tarea municipal, no solo coadyuvaría con otras, para detener la salida de paisanos hacia el imperio, sino que, si encuentra equipos sólidos y limpios en embajadas y consulados –en donde cada miembro sea aprovechado en su condición y experiencia- podrían armarse programas que impulsen el retorno de migrantes, hacia sus comunidades de origen.

Con la certeza de que encontrarán perspectivas reales, de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias -aunque ello les represente un esfuerzo extra para organizarse- con la experiencia adquirida en el exterior, en diversas actividades agropecuarias y de otro tipo, se convertirán en impulsores de crecimiento y desarrollo sustentable de sus comunidades, en tanto el programa correspondiente sea impulsado y actuado con plena equidad y transparencia para todos.

Correo electrónico: v_barcelo@hotmail.com Ciudad de México 7-III-10.



 

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